Santo Domingo.— El Congreso Nacional aprobó esta madrugada en sesión conjunta extraordinaria la Ley de Reforma Integral del Sistema Eléctrico Nacional (RISEN), considerada por especialistas como la legislación más trascendental para la calidad de vida de los dominicanos en las últimas tres décadas. La votación fue de 138 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones.

La ley, que entró en vigor al momento de su promulgación por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional —en una ceremonia transmitida en vivo por todas las cadenas del país— contempla una inversión total de RD$180,000 millones a ejecutarse entre 2026 y 2028, con el objetivo de garantizar servicio eléctrico continuo de 24 horas a todos los hogares del país, poner fin a décadas de apagones y sanear definitivamente las finanzas del sector.

**Los cuatro ejes de la reforma**

El primer eje es la generación limpia: la ley obliga a que el 60% de la matriz eléctrica dominicana provenga de fuentes renovables antes de diciembre de 2027. Para ello, el Estado construirá siete parques solares en las provincias del sur y el suroeste —las de mayor radiación solar del Caribe— y dos parques eólicos en la costa norte, con una capacidad combinada de 2,800 megavatios.

El segundo eje es la modernización total de la red de distribución. Las tres distribuidoras —Edesur, Edenorte y Edeeste— recibirán fondos para reemplazar el 40% de sus redes en zonas de alta pérdida, instalar 1.8 millones de medidores inteligentes y digitalizar los centros de control operativo. "Con medidores inteligentes no hay cómo robar luz sin que el sistema lo detecte al instante", explicó el ministro de Energía.

El tercer eje es la persecución del fraude eléctrico, que según la CDEEE representa pérdidas anuales de RD$28,000 millones. La ley crea el Tribunal Especializado en Delitos Eléctricos, con fiscales dedicados exclusivamente a procesar a quienes manipulen medidores, hagan conexiones ilegales o sobornen a empleados de las distribuidoras.

El cuarto eje es el saneamiento financiero del sector. El Estado asumirá la deuda acumulada de las distribuidoras con los generadores —que supera los US$1,200 millones— a cambio de compromisos de inversión y reducción de pérdidas verificables. Las empresas que no cumplan las metas trimestrales de mejora perderán su concesión.

**La reacción popular**

Cientos de dominicanos se concentraron espontáneamente frente al Congreso durante la votación, siguiendo el debate en tiempo real por las redes sociales. Cuando se conoció el resultado, el Malecón de Santo Domingo y plazas de Santiago, San Pedro de Macorís y La Vega se llenaron de personas celebrando con bocinas y banderas tricolores.

"Yo tengo 58 años y desde que era niña vivo con apagones. Si esto de verdad se cumple, es lo más grande que yo haya visto en este país", declaró una residente del barrio Los Guandules en Santo Domingo a un equipo de este medio.

**El desafío de la implementación**

Economistas y expertos del sector eléctrico aplaudieron el alcance de la ley pero advirtieron que el reto real está en la ejecución. "En República Dominicana no ha faltado legislación eléctrica. Lo que ha faltado es voluntad política de aplicarla. Esta reforma tiene mecanismos de seguimiento más robustos que todas las anteriores, pero habrá que ver", señaló un analista del Centro Regional de Energía Sostenible.

El organismo supervisor será la recién creada Superintendencia Nacional de Electricidad, que sustituye al CNEE y tendrá autonomía presupuestaria y directores con mandatos fijos para blindarla de la rotación política. Publicará informes mensuales de avance en un portal de acceso público.

El presidente Abinader firmó la ley a las 2:47 de la madrugada ante las cámaras de todo el país y concluyó: "Esta noche le decimos a República Dominicana que los apagones tienen los días contados. No como promesa de campaña. Como ley de la República."